Dejaron sin defensa al Ayuntamiento

El equipo de gobierno del PSOE no defendió los intereses del Ayuntamiento en el año 2010 en el proceso de indemnización por la construcción de la calle Rubén Dario

La familia que reclama más de 900.000 euros al Ayuntamiento de Valverde por los terrenos que hoy ocupa la calle, está compuesta por dos dirigentes socialistas; el actual presidente del PSOE local, Manuel Eugenio Romero Castilla y la concejal María del Carmen Carmen Castilla Tejero

Es Valverde (es noticia).-

Fuente Huelva Información

El PSOE de Valverde del Camino se inhibió como partido que gobernaba en la Corporación municipal en 2010 en la defensa del interés general del pueblo a requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el procedimiento incoado por varios propietarios, entre ellos el ex presidente de la Diputación de Huelva y presidente del PSOE local, Manuel Eugenio Romero, y la actual concejal socialista María del Carmen Castilla, para la reclamación de una indemnización expropiatoria por los terrenos de la operación Riscos del Tintor, cuyo estudio de detalle y proyecto de urbanización fue aprobado en 1981, cuando el dirigente socialista, copropietario de los mismos, ocupaba el cargo de primer teniente de alcalde de la Corporación municipal.

Según denuncia el actual equipo de Gobierno (PP), al frente del mismo desde 2011, sus antecesores, aún a sabiendas del origen del contencioso, rehusaron personarse en la causa abierta contra el Ayuntamiento, gobernado en 2010 por el PSOE, supuestamente para no perjudicar los intereses particulares de varios dirigentes socialistas que, en 2008, decidieron demandar una indemnización compensatoria, que valoran en más de 900.000 euros, a través del inicio del expediente expropiatorio de unos terrenos de su propiedad incluidos en una operación que fue promovida y autorizada hace ya más de 30 años bajo mandato socialista.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, pese a recibir oportuna notificación de la Comisión Provincial de Valoraciones y disponer de un plazo hábil de nueve días para ello, el PSOE se abstuvo de comparecer en su condición de gobernante del Consistorio en 2010 al requerimiento del órgano de tasación adscrito a la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía para personarse como interesado en el procedimiento de archivo del expediente expropiatorio dictado por el TSJA contra la resolución de dicha comisión a raíz del recurso interpuesto por Manuel Batanero Castilla, otro de los copropietarios, a cuenta de la indemnización solicitada en concepto de expropiación de los mencionados terrenos, en una parte de los cuales discurría un antiguo camino público sobre los que ahora se levanta la calle Rubén Darío.

La solicitud de expediente expropiatorio no se inició hasta 2008, 22 años después de la recepción de las obras por el Consistorio (1986) y casi 30 después de la aprobación en 1981 del estudio de detalle y proyecto de urbanización Riscos del Tintor, y figura a nombre de Manuel Batanero Castilla, también copropietario y familiar de María del Carmen Castilla, actualmente concejal socialista en el Consistorio valverdeño y también demandante, que en el momento del requerimiento judicial en 2010 integraba la lista con que el grupo socialista concurría a las elecciones municipales, lo que, a juicio del actual equipo de Gobierno, siembra la duda sobre la decisión del PSOE de inhibirse en el recurso contencioso-administrativo presentado ante el TSJA por los demandantes.

Al no comparecer pese a recibir notificación, tal y como constató el equipo de Gobierno en noviembre de 2013 con una solicitud del expediente y copia del emplazamiento del TSJA, éste dictó sentencia favorable para los propietarios, revocando el acuerdo de archivo de la Comisión Provincial de Valoraciones, que había estimado previamente un informe del técnico municipal en que alegaba que la superficie de la finca objeto del litigio era inferior a la aportada por la propiedad, y condenando a aquella al inicio del expediente de tasación de los terrenos y fijación del precio compensatorio, aún pendiente de resolución del TSJA.

"Esa decisión de no comparecer es clave ya que seguro que lo hubiera cambiado todo y no se hubiera llegado hasta aquí. El Ayuntamiento no tuvo la posibilidad de defenderse. Es injusto", denuncian fuentes municipales, que, paralelamente al procedimiento abierto, están estudiando con los servicios jurídicos la posibilidad de adoptar acciones legales argumentando "indefensión".

"La familia demandante era parte implicada, conocía la situación perfectamente porque uno de sus miembros aprobó el proyecto. Casi 30 años después piden una indemnización desorbitada y cuando el TSJA requiere al Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, que se persone, se callan y no objetan nada", denuncian, al tiempo que confían en que "desistan de pedir esta indemnización desproporcionada ya que realmente no va contra el Ayuntamiento sino contra el pueblo, que es el que al final paga".

El proceso está pendiente de resolución del TSJA, ante el que los demandantes han presentado un recurso en el que también se ha personado el Ayuntamiento contra la tasación de la Comisión Provincial de Valoraciones, que inicialmente fijó por unanimidad en concepto indemnizatorio un precio de 190.845,48 euros, más los correspondientes intereses desde junio de 2009.

El equipo de Gobierno, que insiste en que cuando el Ayuntamiento procedió a la recepción de la urbanización en 1986 no inscribió en el registro público la propiedad al no ser obligatorio entonces, lo que hubiera revelado su titularidad registral, arguye que la superficie original de los terrenos era de 1.326 m2 al deducirse el antiguo camino público sobre el que se levanta la calle y aporta enero de 2013 como fecha de inicio de la valoración tomando como referencia el PGOU de 2009, tasando en consecuencia el valor del suelo en 83.714,25 euros.

Los recurrentes alegan grave desobediencia de la sentencia favorable del TSJA fundamentada en la reiteración de que la superficie objeto de tasación era de 1.824,5 m2, que el porcentaje indemnizatorio es del 25% y no del 12%, que la fecha del inicio de devengo de intereses ha de ser marzo de 1986, y que es correcto el valor de repercusión del suelo, solicitando a la Comisión Provincial la fijación de un precio expropiatorio que incrementaron de los 553.629,35 euros que reclamaban inicialmente hasta los 692.036,69 euros que piden ahora, amén de los intereses desde marzo de 1986, lo que eleva el total demandado al Ayuntamiento a más de 900.000 euros.