Casi un millón por una calle de Valverde

El presidente del PSOE de Valverde y su familia solicitan al Ayuntamiento 900.000 euros por una calle de Valverde que se ejecutó cuando el propio socialista gobernaba en el Ayuntamiento

Según publica hoy Huelva Información, Manuel Eugenio Romero y su familia demandan el abono de la expropiación de los terrenos de un proyecto urbanístico aprobado en 1981, cuando era primer teniente de alcalde. Los terrenos ocupados se encuentra actualmente construida la calle Rubén Dario en la urbanización de Los Riscos

Es Valverde (es noticia).-

El expresidente de la Diputación de Huelva y actual presidente del PSOE de Valverde del Camino, Manuel Eugenio Romero, así como varios familiares copropietarios adscritos a la causa, reclama al Ayuntamiento valverdeño, gobernando por el PP desde 2011, el abono de 692.036,69 euros, más intereses devengados, lo que supone un montante superior a los 900.000 euros en concepto de expropiación de los terrenos de una finca de su propiedad incluidos en una operación urbanística cuyo estudio de detalle y proyecto de urbanización fue aprobado cuando el dirigente socialista ocupaba el cargo de teniente de alcalde de la Corporación municipal.

Los hechos se remontan al año 1981, cuando el equipo de Gobierno local, entonces gobernado por el PSOE y del que formaba parte como primer teniente de alcalde Manuel Eugenio Romero, aprobó el estudio de detalle y proyecto de urbanización Riscos del Tintor sobre unos terrenos de los que era copropietario, junto a otros familiares, en una parte de los cuales posteriormente se levantó la actual calle Rubén Darío, si bien no fue hasta 2008 cuando los demandantes iniciaron el expediente expropiatorio, cuya cuantía definitiva, tras un largo proceso judicial, está aún pendiente de resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Según los documentos a los que ha tenido acceso este diario, tras la aprobación definitiva del planeamiento en noviembre de 1981, no fue hasta marzo 1986 cuando el Ayuntamiento procedió a la recepción de la urbanización, si bien no verificó las cargas y titularidad de la propiedad dado que en dicho año no era obligatotrio inscribir en el registro público la propiedad de las vías públicas cedidas, lo que hubiera revelado la titularidad registral en esos momentos de los terrenos ocupados por la urbanización".

Sin embargo, no fue hasta julio de 2008, 22 años después de la recepción y casi 30 de la urbanización, cuando, ante el temor de la prescripción según fuentes del actual equipo de Gobierno, los demandantes decidieron, representados por el letrado Carlos Hermoso Ayuso y en nombre de Manuel Batanero Castilla, uno de los copropietarios, requerir al Consistorio el inicio del expediente expropiatorio de la parte de la finca afectada por el viario ejecutado. Para ello, alegaron que no habían recibido desde entonces compensación alguna por dicha pérdida patrimonial pese a que, según sostienen, durante varios años requirieron en vano de los responsables municipales fórmulas de compensación que los resarcieran de la ocupación de su propiedad.

En este sentido, se acogieron al artículo 140.1 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que incorpora un plazo máximo de cuatro años de obtención por parte de la administración de suelos dotacionales no adscritos a ámbitos de gestión, al entender que, expirado dicho período desde la entrada en vigor de la LOUA (diciembre de 2002), estaban facultados desde entonces para solicitar la expropiación.

En virtud de la Hoja de Aprecio remitida al Consistorio en 2009, los propietarios de la finca calcularon y demandaron al mismo la cantidad de 553.629, 35 euros, de los que 527.266,05 correspondieron a su valoración del suelo y el resto -26.363,3 euros- al 5% del premio de afección recogido en la Ley de Expropiación Forzosa.

Ante el silencio municipal, los demandantes reclamaron la fijación del precio expropiatorio a la Comisión Provincial de Valoraciones, dependiente de la Consejería de Gobernación de la Junta, que estimó, sin embargo, el informe remitido por el técnico del Ayuntamiento en 2010, aún bajo gobierno socialista, en que alegaba que la superficie real de los terrenos (1.449 m2) era inferior a la reclamada al no incluir un camino rural que ahora ocupa la calle Rubén Darío, y que cuando procedió a la recepción de la urbanización no verificó la titularidad de la propiedad dado que entonces no era obligatorio inscribir en el registro la propiedad de las vías públicas cedidas, lo que hubiese revelado su titularidad registral.

Los propietarios de los terrenos afectados decidieron entonces recurrir la decisión ante el TSJA, que revocó el acuerdo de la Comisión Provincial de Valoraciones dándoles razón en octubre de 2012 y, en cumplimiento de la sentencia, condenando a aquella al inicio del expediente de tasación de los terrenos y fijación del precio compensatorio correspondiente.

Tras una primera valoración,cifrada en 341.420,96 euros, los recurrentes presentaron alegaciones reclamando una superficie de 1.824,5 m2, la fecha de enero de 2009 como inicio de la valoración, un coeficiente de edificabilidad del 1,7 m2/m2s, una indemnización del 25% por costes de construcción, y la fijación de la fecha de inicio del abono de intereses.

El Ayuntamiento, por su parte, rebajó, tras nueva medición, la superficie a 1.326 m2 al deducirse el antiguo camino público sobre el que ahora se levanta la calle; enero de 2013 como fecha de inicio de la valoración tomando como referencia el PGOU de 2009, y una indemnización improcedente o, subsidiariamente, del 9%, tasando en consecuencia el valor del suelo en 83.714,25 euros. En este sentido, el equipo de Gobierno municipal expresó su disconformidad con la indemnización fijada inicialmente por el tiempo transcurrido sin ejercitar acciones para recuperar los bienes al tener constancia los propietarios de los terrenos la ocupación de los mismos por el proyecto de urbanización de 1981 dado que uno de ellos era entonces primer teniente de alcalde "y no objetó nada".

Tras evaluar las respectivas alegaciones, el órgano evaluador fijó por unanimidad un precio total de 170.397,75 euros, ampliado a 190.845,48 euros al incrementarse en un 12% en concepto indemnizatorio, más los correspondientes intereses desde junio de 2009.

La decisión, sin embargo, fue recurrida por la propiedad alegando grave desobediencia de la sentencia favorable del TSJA fundamentada en la reiteración de que la superficie era de 1.824,5 m2, el porcentaje indemnizatorio del 25% dado que las referencias del 12% corresponde a ocupaciones temporales en las que los afectados lograron recuperar el bien ocupado, en que la fecha del inicio de devengo de intereses ha de ser marzo de 1986, y que es correcto el valor de repercusión del suelo, solicitando a la Comisión Provincial de Valoraciones la fijación de un precio expropiatorio que incrementó hasta los 692.036,69 euros, amén de los intereses devengados, lo que eleva el total demandado a más de 900.000 euros.

Un recurso en el que también se ha personado como parte interesada el Ayuntamiento al no estar de acuerdo, dejando en manos del TSJA la resolución.